La investigación penal sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entra en una semana de definiciones clave. Hoy, el fiscal federal Gerardo Pollicita tomará declaración testimonial a Matías Tabar, el contratista encargado de las costosas reformas en la casa que el funcionario adquirió en el exclusivo country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
Tabar, socio del grupo Alta Arquitectura, fue citado a las 11 en los tribunales de Comodoro Py. Su testimonio es crucial para determinar el costo real de las obras realizadas en la propiedad comprada a fines de 2024 por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. Hasta el momento, la Justicia no pudo precisar el monto destinado a las renovaciones, un dato que resulta vital para el cotejo patrimonial.
El cronograma de declaraciones y el "factor Caballito"
La actividad judicial continuará el miércoles con el testimonio de Leandro Miano. El vínculo es complejo, ya que Miano es hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas a las que Adorni les debe dinero por la compra de propiedades. Además, es socio de Pablo Martín Feijoo, gestor de la compraventa del departamento de Caballito donde reside el jefe de Gabinete.
Pollicita le exigió a Miano que entregue su teléfono celular y toda la documentación (facturas, tickets y comprobantes) vinculada a las expensas y refacciones de la unidad de Caballito. El objetivo es reconstruir el flujo de fondos y detectar posibles inconsistencias con las declaraciones juradas del funcionario.
Inconsistencias y registros municipales
Un punto que genera suspicacias en los investigadores es el estado registral de la propiedad en Exaltación de la Cruz. Si bien la escritura se firmó el 15 de noviembre de 2024, los registros municipales del distrito aún muestran la titularidad a nombre del dueño anterior, Juan Ernesto Cosentino.
El núcleo de la causa, que tramita en el juzgado de Ariel Lijo, es la brecha entre ingresos y gastos. Según el expediente, Adorni declaró ingresos mensuales que pasaron de $3,5 millones a $7 millones en el último año.
Sin embargo, el funcionario ya reconoció haber gastado más de U$S 100.000 y mantiene una deuda pendiente de U$S 335.000 que debe cancelar antes de noviembre, cifras que para la fiscalía superan ampliamente su capacidad de ahorro declarada.